Senado de México aprueba la extinción del Coneval: Un giro en la evaluación de políticas sociales

Ciudad de México, México – El Senado de la República de México ha dado un paso trascendental en la reestructuración de las instituciones encargadas de la evaluación de políticas sociales, al aprobar una reforma que disuelve el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La iniciativa, que fue aprobada con 73 votos a favor y 34 en contra, busca centralizar la generación de datos y la evaluación del desarrollo social en una única entidad, con el objetivo de optimizar recursos y eliminar posibles duplicidades funcionales.

La reforma legislativa establece que el INEGI asumirá la responsabilidad total de la medición de la pobreza en México, la evaluación de los programas de desarrollo social y la emisión de recomendaciones pertinentes. Asimismo, la nueva normativa redefine la política de desarrollo social, enfocándola primordialmente en la reducción de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Es importante destacar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantendrá sus atribuciones relacionadas con el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Los defensores de esta reforma, como la presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, argumentan que el Coneval no generaba datos primarios, sino que se basaba en la información provista por el INEGI, lo que hacía redundante su existencia. La consolidación bajo el INEGI, según los proponentes, promete mayor eficiencia y un significativo ahorro de costos operativos.

Se señaló que, a pesar de tener una plantilla de personal más reducida, el Coneval presentaba costos por producto superiores en comparación con el INEGI, lo que justificaba la reasignación de sus tareas. Además, se hizo mención de una auditoría que reveló irregularidades en el funcionamiento del Coneval.

No obstante, la reforma ha encontrado una fuerte resistencia por parte de la oposición. Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Antonio Martín del Campo y Agustín Dorantes, denunciaron la medida como un intento de desmantelar un organismo autónomo cuya independencia permitía la crítica y el señalamiento de deficiencias en las políticas sociales del gobierno. Para ellos, la extinción del Coneval no obedece a una política de austeridad genuina, sino a un deseo de opacidad y a la incomodidad del gobierno ante una evaluación objetiva.

Senadores de Movimiento Ciudadano, como Amalia García, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Anabell Ávalos, compartieron estas preocupaciones, interpretando la reforma como parte de una tendencia más amplia hacia la minimización del Estado y la eliminación de contrapesos evaluativos, lo que, a su juicio, podría abrir la puerta al mal uso de los recursos públicos sin una supervisión adecuada. A pesar de su autonomía, el Coneval dependía enteramente del INEGI para sus datos, lo que generaba una superposición de funciones que la reforma busca subsanar.