Organizaciones ambientalistas y colectivos ciudadanos realizaron una protesta para exigir que el gobierno federal atienda el creciente problema de desechos espaciales que han caído en distintas playas del país, presuntamente provenientes de lanzamientos de SpaceX. Con pancartas y consignas como “México no es el basurero de SpaceX”, los activistas denunciaron que estos restos representan un riesgo para las comunidades costeras y para los ecosistemas marinos.
Las protestas surgieron luego de que pescadores y habitantes de zonas costeras reportaran el hallazgo de estructuras metálicas y fragmentos de cohetes en playas de Veracruz, Campeche y Oaxaca, algunos de ellos de gran tamaño. Los colectivos señalaron que, aunque estos objetos no han provocado daños humanos, sí generan preocupación por su impacto ambiental y por la falta de protocolos claros para su manejo.
Ante la presión social, la secretaria de SEMARNAT, Alicia Bárcena, respondió que México ya solicitó información oficial a Estados Unidos sobre el origen de los restos y sobre las medidas que se implementarán para evitar que continúen cayendo en territorio nacional. Bárcena explicó que el gobierno mexicano está trabajando bajo los lineamientos del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que establece responsabilidades internacionales en materia de desechos espaciales.
La canciller subrayó que México no permitirá que su territorio sea utilizado como zona de impacto para restos de cohetes y adelantó que se revisarán los mecanismos de cooperación con Estados Unidos para garantizar que las empresas espaciales cumplan con estándares de seguridad y responsabilidad ambiental.
Los activistas, por su parte, insistieron en que el gobierno debe establecer protocolos de recolección, análisis y disposición de los restos, así como informar de manera transparente a las comunidades afectadas. También pidieron que se evalúe el impacto ecológico que estos objetos podrían generar en playas, manglares y zonas de pesca.
La protesta concluyó con un llamado a reforzar la vigilancia y a exigir responsabilidades a las empresas que operan lanzamientos espaciales cuyos restos terminan en territorio mexicano.