- La Auditoría Superior reportó operaciones por 8 mil 870 millones de pesos vinculadas con dos grupos empresariales y abrió líneas de investigación sobre contratos, proveedores y transferencias de recursos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga posibles irregularidades relacionadas con contratos y operaciones de dos grupos empresariales identificados como GC y GHC, que entre 2014 y 2026 habrían acumulado adjudicaciones por 8 mil 870 millones de pesos con entidades públicas, principalmente organismos electorales. El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó parte de los hallazgos ante la Cámara de Diputados durante la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025.
Del total señalado, 3 mil 790 millones corresponderían a organismos públicos locales electorales (OPLE), mientras que los contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE) sumarían alrededor de 430 millones de pesos. La ASF dijo haber identificado vínculos entre los grupos empresariales, proveedores y personas servidoras públicas. Aclaró que las investigaciones se desarrollarán con independencia, rigor técnico y respeto al debido proceso.
Entre las posibles irregularidades bajo análisis figuran operaciones entre empresas de los mismos grupos, subcontrataciones y compañías con plantillas reducidas o inexistentes pese a facturar montos elevados. La ASF también revisa si hubo condiciones que limitaran la competencia en licitaciones y favorecieran la adjudicación de contratos.
En el INE, la investigación de oficio se relaciona con observaciones por más de 66.5 millones de pesos que, según los reportes citados por El Universal, no habían sido solventadas. Entre los señalamientos se mencionan pagos a personas fallecidas, contratos con empresas de reciente creación o presuntamente fantasma, así como proveedores que no habrían publicado sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La auditoría también habría detectado contratos por más de 21 millones de pesos otorgados en 2025 a diez empresas constituidas menos de un año antes, además de 57 personas físicas que habrían recibido contratos mientras ocupaban cargos públicos. Estos puntos forman parte de observaciones e investigaciones; por sí mismos no constituyen una resolución definitiva de responsabilidades.
La fiscalización también abarca a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la empresa Territorium Life, contratada para operar el examen en línea de ingreso a licenciatura de 2026. La ASF informó que aseguró de manera precautoria repositorios de información y servidores de la compañía para preservar evidencia, mientras investiga la contratación y administración de la plataforma, que presentó fallas y fue cuestionada por posibles irregularidades. La universidad anunció que terminaría anticipadamente el contrato y que el proceso sería sometido a auditorías.
En Nuevo León y Sinaloa, el auditor reportó esquemas bajo análisis de presunta triangulación y simulación de operaciones mediante proveedores. Según la información presentada, algunos recursos habrían llegado a cuentas de personas físicas o morales con vínculos familiares con servidores públicos. En Sinaloa, se señaló la adjudicación de obra pública a una constructora creada por familiares de un funcionario estatal. La ASF no dio por acreditada la responsabilidad penal de personas específicas.
En la misma entrega, Hernández Palacios informó que la revisión de 374 informes individuales dejó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno. La cifra reúne observaciones de auditoría que las entidades deberán justificar o reintegrar conforme avance el proceso de fiscalización. La ASF señaló que mantendrá abiertas las investigaciones y compartirá información con las autoridades competentes cuando corresponda.