La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso relacionado con el presunto despojo de más de 300 hectáreas de tierras comunales pertenecientes a la comunidad agraria de San Francisco Cozoaltepec, ubicadas en la zona de Tilzapote, en la costa de Santa María Tonameca. La decisión llega después de más de 15 años de litigios, en los que la comunidad ha denunciado irregularidades, corrupción y resoluciones que favorecieron a particulares.
Para el núcleo agrario, la intervención del máximo tribunal representa una oportunidad para recuperar certeza jurídica sobre sus tierras y evitar un posible perjuicio estimado en más de 6 mil millones de pesos, monto que podría impactar directamente al erario en caso de confirmarse las resoluciones previas.
El conflicto se remonta a 2011, cuando particulares promovieron acciones legales sobre una superficie a orilla de playa. La comunidad sostiene que durante el proceso se utilizaron documentos presuntamente falsos y que existieron actuaciones irregulares de abogados y funcionarios vinculados con instancias agrarias y judiciales. En mayo de 2016, Pedro Martínez Araiza y Domitilia Guzmán Olivera obtuvieron una sentencia que excluyó aproximadamente 300 hectáreas del régimen comunal, dentro del expediente 414/2014.
Posteriormente, otros procedimientos derivaron en una resolución relacionada con un cumplimiento sustituto por más de 6 mil millones de pesos, lo que encendió las alarmas de la comunidad por el impacto económico y la pérdida territorial que implicaría. Ante ello, los comuneros promovieron el recurso de queja 511/2025 y solicitaron que la SCJN ejerciera su facultad de atracción por la relevancia jurídica y social del caso.
La solicitud fue atendida por la ministra Lenia Batres Guadarrama y el asunto fue turnado a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien analizará las actuaciones realizadas durante el largo proceso judicial para determinar si existieron violaciones al derecho de defensa, irregularidades procesales o afectaciones a los derechos colectivos del núcleo agrario.
La comunidad de San Francisco Cozoaltepec mantiene la esperanza de que la Suprema Corte revise a fondo el caso y garantice un debido proceso