Las autoridades de Oaxaca informaron que iniciarán un proceso de acompañamiento institucional al conflicto agrario entre El Jicaral, anexo de Santiago Tilapa, Oaxaca, y Jicayán de Tovar, Guerrero, ante el riesgo de enfrentamiento entre ambas comunidades.
Actualmente, el caso es atendido por la Procuraduría Agraria (PA) en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob) y las secretarías de Gobierno de Guerrero y Oaxaca, debido a la tensión generada por la reciente sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Ayer, el Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Tilapa, comunidad perteneciente al municipio de Coicoyán de las Flores, alertó sobre la posibilidad de un choque entre habitantes de El Jicaral y Jicayán de Tovar. La advertencia se emitió tras conocerse la sentencia que ordena la restitución de tierras a favor de la comunidad guerrerense, cuya ejecución está programada para el 22 de septiembre de 2026.
El Comisariado señaló que, de materializarse la ejecución en las condiciones actuales, existe un alto riesgo de confrontación. Por ello, pidió retomar el proceso de diálogo y conciliación, al considerar que no hay condiciones para llevar a cabo la restitución territorial. También exigió la intervención del Gobierno de Oaxaca para evitar un escenario de violencia.
En respuesta, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) aseguró que mantiene atención y acompañamiento institucional al conflicto, y recordó que desde 2017 se han realizado 15 acciones de seguimiento para intentar encauzar la disputa por vías pacíficas y legales.
“La Secretaría de Gobierno continuará con el acompañamiento y seguimiento institucional, en coordinación con las instancias competentes y con pleno respeto a las atribuciones y determinaciones de la autoridad jurisdiccional correspondiente”, señaló la dependencia.
El Gobierno de Oaxaca reiteró su llamado a las comunidades involucradas para mantener la calma, evitar movilizaciones que puedan escalar la tensión y permitir que las instituciones continúen las gestiones necesarias para prevenir riesgos a la población.