Autoridades municipales y agrarias de Oaxaca y Chiapas, así como pobladores de ambas entidades, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acelerar la ratificación de la sentencia emitida en 2021, en la que se determinó que una franja de casi 5 mil hectáreas en disputa pertenece legítimamente al territorio oaxaqueño.
La petición surge luego de que comuneros zoques de San Miguel Chimalapa anunciaron la recuperación administrativa de estas tierras, actualmente ocupadas por habitantes del ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, creado hace medio siglo de manera irregular con apoyo de una empresa maderera.
Los pobladores del ejido chiapaneco señalaron que esperarán la aclaración de límites y la ratificación del fallo para decidir si se adhieren a la comunidad oaxaqueña, propietaria legal del territorio según la resolución de la Corte. La decisión fue tomada durante una reunión a puerta cerrada que se prolongó por más de tres horas, con la participación de autoridades agrarias, comuneros zoques, ejidatarios y funcionarios estatales y federales.
Aunque se privilegió el diálogo, el ambiente se tensó luego de que la madrugada del viernes ingresaron a la zona 600 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de Chiapas, conocidos como Los Pakales, a bordo de unas 40 unidades, lo que generó preocupación entre los comuneros oaxaqueños.
Las autoridades de San Miguel Chimalapa reiteraron que la recuperación de las tierras no busca desalojar a quienes actualmente viven en ellas, sino que pretende que los habitantes reconozcan que se encuentran en territorio oaxaqueño y se integren a la comunidad agraria correspondiente. La intención es disolver de manera voluntaria el ejido Díaz Ordaz, debido a su origen irregular, y reincorporarlo a las tierras comunales zoques.
La sentencia de la SCJN de noviembre de 2021 reconoció oficialmente que esta franja pertenece a Oaxaca, tras décadas de conflicto territorial entre ambas entidades. Las comunidades ahora esperan que el máximo tribunal ratifique el fallo para avanzar en la regularización y garantizar certeza jurídica en la zona.