Ciudad de Oaxaca, Oax. – En el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 14 de julio de 2025, la organización Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) ha documentado 247 feminicidios en el estado de Oaxaca, durante la presente administración encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz.
La ONG advierte que “la violencia feminicida sigue cobrando vidas con brutalidad y ensañamiento” y exige acciones concretas “en un estado de emergencia institucional”. Señala que los casos más frecuentes ocurren en la capital estatal y la región del Istmo de Tehuantepec, donde la cifra de crímenes es particularmente alarmante.
Entre los incidentes recientes destaca una balacera el 7 de julio, en un espacio público durante la tradicional Guelaguetza, que dejó como saldo una mujer y un niño de 9 años asesinados. Este acontecimiento refuerza la preocupación de GESMujer: “las mujeres y las infancias están quedando en medio del fuego cruzado de quienes… actúan con total impunidad”.
La organización también señala casos de violencia extrema, como el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, el 15 de junio, y agresiones a otros funcionarios, lo que demuestra que “ni siquiera el ejercicio de un cargo público garantiza la seguridad”.
GESMujer acusa a las autoridades estatales de vacíos institucionales: investigaciones lentas, impunidad predominante, y falta de protocolos efectivos con perspectiva de género. Entre sus demandas urgentes se encuentran:
Implementación de políticas integrales de prevención y atención con perspectiva de género. Protección inmediata a defensoras, liderazgos comunitarios y mujeres en situación de riesgo. Cero tolerancia a la impunidad: investigaciones prontas, exhaustivas y transparentes.
En respuesta, el gobernador Salomón Jara Cruz firmó en junio de 2025 un conjunto de compromisos con 40 municipios bajo alerta de género, que incluyen la creación de cuerpos policiales especializados, refugios, albergues, y puntos de atención inmediata . No obstante, las organizaciones sociales aseguran que estas medidas están lejos de compensar la grave situación que enfrentan las mujeres en la entidad.