El senador Antonino Morales Toledo propuso fortalecer las acciones contra el contrabando y la comercialización de cigarros ilegales en México, al advertir que este fenómeno se ha incrementado de manera significativa y representa riesgos tanto para la salud pública como para las finanzas del país.
A través de un punto de acuerdo presentado en el Senado, el legislador planteó que la estrategia del llamado “impuesto saludable” debe complementarse con medidas firmes para frenar el mercado ilícito de tabaco, el cual ha crecido en los últimos años. Según datos expuestos, en México tres de cada diez cigarros que se consumen son de origen ilegal, lo que refleja la magnitud del problema.
De acuerdo con cifras de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el incremento en el precio de las cajetillas derivado de este impuesto —que elevó su costo entre 15 y 20 pesos— ha incentivado el consumo de productos de contrabando, que suelen venderse a menor precio. En este contexto, el dirigente Cuauhtémoc Rivera advirtió que el fenómeno ha alcanzado niveles alarmantes.
Estudios del Instituto Politécnico Nacional señalan que diariamente se comercializan más de 40 millones de cigarros pirata en el país, lo que genera pérdidas fiscales estimadas en más de 26 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria. A su vez, investigaciones del Colegio de México, con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, indican que la venta ilegal de cigarros creció hasta 240% en menos de una década en diversas ciudades del país.
El senador subrayó que más allá del impacto económico, el mayor riesgo radica en la salud de los consumidores, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor ha documentado que algunos cigarros ilegales contienen materiales como arcilla, madera o incluso plomo, lo que incrementa su peligrosidad.
En este sentido, Morales Toledo propuso exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como a las secretarías de Salud, Hacienda y Economía, a implementar operativos para identificar y sancionar puntos de venta de productos ilegales. También se contempla responsabilizar a los establecimientos que comercialicen estos productos sin los sellos fiscales obligatorios.
Finalmente, el legislador reconoció acciones recientes como los decomisos realizados por la Secretaría de Marina en coordinación con autoridades aduaneras, pero insistió en la necesidad de reforzar la estrategia para erradicar este mercado ilícito en todo el país.