En el estado de Oaxaca, fue promovido un juicio de amparo con el objetivo de exigir el cumplimiento de la promesa pública de gratuidad en la Autopista Barranca Larga–Ventanilla, anunciada durante su inauguración por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El anuncio fue realizado el 4 de febrero de 2024 en la localidad de Yogana, donde el exmandatario aseguró públicamente que esta vía sería gratuita para las y los oaxaqueños.
La declaración fue emitida en un acto oficial, transmitido a través de canales institucionales y difundido en distintos medios de comunicación, lo que, según los promoventes del amparo, constituye un compromiso formal del Estado.
La autopista representa una infraestructura estratégica al conectar la capital del estado con la región de la Costa, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la movilidad en zonas habitadas por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que históricamente han enfrentado condiciones de marginación y aislamiento.
Posteriormente, en 2025, la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo referencia a esta vía en su libro Diario de una transición histórica, donde señala que la autopista es gratuita para vehículos con placas del estado de Oaxaca, planteándolo como una medida vigente y no como una propuesta futura.
Ante la ausencia de un decreto oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el recurso legal se sustenta en principios como la confianza legítima y la no regresividad de derechos, argumentando que los anuncios públicos realizados por autoridades en funciones pueden generar derechos exigibles para la ciudadanía.
El caso fue turnado al juez Quinto de Distrito en el estado, Ricardo Courtois Yanini, quien deberá determinar si la promesa anunciada desde el Ejecutivo puede considerarse una política pública vinculante.
Al respecto, Mariana Yáñez Unda señaló que este proceso pone a prueba la solidez institucional del país, al destacar que los anuncios oficiales generan expectativas legítimas en la población y tienen impacto directo en derechos como la movilidad y el desarrollo de comunidades históricamente rezagadas.
La resolución de este amparo no solo definirá el futuro del cobro en esta vía, sino que también sentará un precedente sobre el alcance jurídico de las declaraciones públicas emitidas por el poder Ejecutivo en México.