La estrategia federal conocida como Operación Enjambre ha derivado en la detención de 111 personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado y con estructuras de corrupción política en distintos estados del país. De acuerdo con información del Gobierno de México, entre los detenidos se encuentran 14 alcaldes, además de funcionarios municipales, policías y operadores locales que habrían facilitado actividades del narcotráfico.
La operación, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y las fuerzas armadas, se ha desplegado en entidades con presencia de grupos criminales que han infiltrado gobiernos locales mediante redes de financiamiento, protección institucional y control territorial. Las autoridades señalaron que el objetivo es desmantelar estas estructuras y frenar la colusión entre autoridades municipales y organizaciones delictivas.
Entre los casos más relevantes se encuentran alcaldes acusados de proveer información estratégica, facilitar operaciones logísticas, proteger rutas de trasiego o desviar recursos públicos para financiar actividades criminales. En varios municipios, las investigaciones revelaron que los grupos delictivos influían en nombramientos de policías, controlaban obras públicas o imponían decisiones administrativas.
La SSPC informó que la Operación Enjambre continuará en una segunda fase enfocada en procesos judiciales, seguimiento financiero y desarticulación de redes políticas que han permitido la expansión de organizaciones criminales. Las autoridades federales destacaron que los casos se están integrando con pruebas documentales, testimonios y análisis de inteligencia.
El Gobierno de México aseguró que estas acciones forman parte de una política de cero tolerancia a la corrupción, especialmente en los niveles municipales, considerados los más vulnerables a la infiltración criminal. También reiteró que se busca garantizar que las instituciones locales operen con autonomía y sin presiones de grupos delictivos.
Hasta ahora, varios de los alcaldes detenidos enfrentan procesos por delincuencia organizada, lavado de dinero, cohecho, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones, entre otros delitos.