La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este miércoles 25 de febrero de 2026 una reforma al Código Civil de la Ciudad de México que limita los aumentos anuales de renta de vivienda al nivel de la inflación anual registrada, con el objetivo de evitar incrementos desmedidos que dificulten el acceso a una vivienda digna en la capital.
El pleno del máximo tribunal declaró constitucional el artículo 2448-D del Código Civil local, normativa que establece que los incrementos en el pago de rentas no podrán exceder la inflación anual reportada por el Banco de México. Esta medida no fija montos de renta ni elimina la libertad de las partes para pactar el precio inicial, sino que protege a los inquilinos frente a alzas excesivas que podrían impactar su economía familiar y contribuir a procesos de gentrificación.
La resolución de la Corte enfatiza que la medida es compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, reconocido en el artículo 4° constitucional y en tratados internacionales de derechos económicos y sociales. Además, el tribunal subrayó que la regulación no vulnera la libertad contractual ni el derecho a la propiedad, al permitir que arrendadores y arrendatarios acuerden libremente las condiciones de un contrato sin imponer montos preestablecidos.
Como ejemplo del impacto práctico de esta decisión, si un contrato de arrendamiento tenía una renta mensual de 15 000 pesos y la inflación anual fue de 3.69 %, el incremento máximo legal para la renovación sería de aproximadamente 553 pesos adicionales en el año siguiente.
En conjunto con este tope, la Corte también avaló la existencia de un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento para recopilar datos mínimos (monto de renta, aumento pactado, alcaldía y colonia del inmueble), con el fin de monitorear la evolución del mercado de rentas sin comprometer la privacidad de las partes.
Esta decisión representa un avance significativo en la regulación del mercado de arrendamientos en la capital del país, ofreciendo una herramienta jurídica para equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos y hacer frente a las presiones económicas que enfrentan los habitantes de la Ciudad de México.