Con información de Diana Manzo/IstmoPress.
Las autoridades comunales de Santa María Chimalapa, una de las bio-regiones más importantes de México, anunciaron que la asamblea comunitaria decidió renunciar a tres Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) que fueron impuestas en 2022 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). La renuncia abarca 334 mil 878 hectáreas, equivalentes al 73% del territorio comunal.
Los polígonos corresponden a Cerro Azul (3,555.33 ha), La Gringa Zona Oriente (107,119.19 ha) y Tres Picos (224,204.38 ha). De acuerdo con las autoridades zoques, estas áreas fueron decretadas sin respetar el derecho a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, lo que constituye una violación a los procesos comunitarios.
En un oficio público, el pueblo zoque detalló que la imposición ocurrió el 22 de julio de 2022, durante una asamblea extraordinaria solicitada por la Conanp y encabezada por el entonces comisionado nacional Adán Peña Fuentes, quien llegó acompañado de comisariados de otras comunidades del Istmo. Aunque la asamblea rechazó la propuesta ese mismo día, meses después se enteraron de que autoridades comunales de ese periodo habían firmado la aceptación en oficinas de Semarnat, sin respaldo de la comunidad.
Las autoridades señalaron que la mayoría de las hectáreas incluidas en las ADVC se ubican en territorios de Congregaciones Comunales Chimas, que nunca fueron informadas de la imposición. Además, denunciaron que “curiosamente” la porción oriente del territorio —invadida y depredada por núcleos agrarios de origen chiapaneco como Cal y Mayor, Merceditas, Constitución y Canaán— quedó fuera de los polígonos decretados.
El pueblo zoque recalcó que no se opone a la conservación, pues la protección de sus montañas y selvas ha sido resultado de su relación tradicional con la naturaleza y de una lucha histórica de más de 70 años. Recordaron que desde 1991 decretaron la Reserva Ecológica Campesina de los Chimalapas, manejada por las propias comunidades mediante ordenamientos ecológicos comunitarios.
Finalmente, afirmaron que seguirán defendiendo su territorio y no permitirán imposiciones externas. Las autoridades agrarias firmantes son: Jesús Esteva González, presidente; Olber López López, secretario; Rosalía Luis Lorenzo, tesorera; y Alejandro López Hernández, presidente del Consejo de Vigilancia.