Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron movilizaciones y paros de labores en diversas entidades del país en protesta por la implementación de un nuevo esquema de evaluación del desempeño, al considerar que podría afectar su estabilidad laboral y permanencia dentro de la carrera judicial.
La inconformidad surgió tras la publicación de un acuerdo por parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que establece la aplicación de evaluaciones para personal de carrera judicial durante diciembre de 2026. Los trabajadores sostienen que el nuevo modelo podría abrir la puerta a decisiones que impacten sus plazas laborales y han exigido la revisión o cancelación del mecanismo.
Ante las protestas, el OAJ emitió un pronunciamiento en el que aseguró que la primera evaluación prevista para este año será únicamente de carácter diagnóstico y no implicará despidos, pérdida de plazas ni consecuencias individuales para los trabajadores evaluados. Según el organismo, el objetivo es identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial.
Las autoridades judiciales precisaron que esta evaluación no tendrá carácter aprobatorio ni reprobatorio y que los resultados no serán utilizados para justificar la separación de personal. Asimismo, señalaron que cualquier evaluación ordinaria con efectos jurídicos se realizaría posteriormente, una vez concluidos los procesos de capacitación correspondientes.
No obstante, representantes de los trabajadores mantienen sus reservas y consideran que las nuevas disposiciones podrían derivar en presiones laborales y afectar la certidumbre de quienes forman parte del sistema judicial. Por ello, las movilizaciones se extendieron a diversas sedes judiciales del país.
El OAJ reiteró su disposición al diálogo y reconoció el derecho de los trabajadores a manifestar sus inconformidades, aunque sostuvo que la evaluación constituye una obligación legal derivada del marco constitucional y de las normas que regulan la carrera judicial.
Mientras continúan las negociaciones y manifestaciones, el debate se centra en el equilibrio entre los mecanismos de evaluación del desempeño y las garantías laborales del personal que forma parte del Poder Judicial de la Federación.