La organización México Negro, pionera en la defensa de los derechos de las comunidades afrodescendientes en México, denunció una “simulación” en el proceso de consulta pública sobre la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsada por el gobierno federal. Ante ello, la asociación interpuso un amparo por lo que considera una “omisión absoluta y discriminatoria” en la realización de consultas adecuadas y culturalmente pertinentes.
La organización señaló que el proceso presenta tres fallas graves:
- Exclusión territorial absoluta en los estados de Aguascalientes, Tamaulipas y Zacatecas, donde no se realizó ninguna consulta.
- Deficiencias en 23 estados, donde —según México Negro— se llevaron a cabo procesos simulados, sin pertinencia cultural, sin ajustes razonables y sin una perspectiva interseccional que considere las condiciones de vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afromexicanos.
- Violaciones sistémicas a tratados internacionales, al no garantizar el consentimiento libre, previo e informado ni la autodeterminación de los pueblos.
México Negro destacó que “la dignidad no se consulta a medias”, y que la deuda histórica con los pueblos afromexicanos exige verdaderos procesos de justicia restaurativa. Para fortalecer su litigio, la organización lanzó una convocatoria nacional e internacional de Amicus Curiae, con el fin de sumar respaldo técnico ante el Poder Judicial de la Federación.
La asociación, fundada en 1997 en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, recordó que la nueva ley busca reglamentar la reforma constitucional de 2024. Sin embargo, conforme avanza la consulta, también crecen los desacuerdos entre comunidades, quienes han expresado inquietudes sobre la protección real del territorio, los recursos naturales y el patrimonio cultural.
Pese a las críticas, se prevé que la iniciativa sea entregada al Congreso de la Unión el 12 de octubre, tras una consulta exprés realizada en 16 mil comunidades. Diversas asambleas han manifestado su inconformidad mediante declaraciones públicas, suspensión de foros y presentación de amparos.