La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014. La captura se realizó en el Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de nuevas investigaciones que reabrieron líneas clave del caso.
De acuerdo con la FGR, el nuevo modelo de investigación permitió acreditar que Aguirre habría ordenado desaparecer grabaciones de videovigilancia captadas por cámaras ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, donde se registró el momento en que el autobús en el que viajaban los estudiantes fue detenido por policías municipales y estatales. Estas grabaciones fueron negadas inicialmente bajo el argumento de “fallas técnicas”, pero testimonios recientes confirmaron su existencia y señalaron directamente al exmandatario como responsable de sustraerlas y ocultarlas.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la instrucción de destruir las evidencias no fue un acto aislado, sino una operación dolosa y estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal, con la participación de servidores públicos de alto nivel. Testigos colaboradores aportaron información que robusteció la acusación, señalando reuniones en las que Aguirre habría ordenado eliminar cualquier material relacionado con los hechos ocurridos en Iguala.
Tras su detención, Aguirre fue ingresado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrentará los cargos por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación.
La aprehensión del exgobernador representa uno de los avances más significativos en el caso Ayotzinapa, considerado uno de los episodios más dolorosos y emblemáticos de la lucha por la verdad y la justicia en México.