El gobierno del presidente Donald Trump emitió una nueva orden ejecutiva que endurece la vigilancia sobre el flujo de remesas y refuerza los controles financieros en Estados Unidos, al instruir a bancos e instituciones financieras a verificar la ciudadanía o estatus migratorio de sus clientes cuando existan indicadores de riesgo.
La administración argumenta que las transferencias transfronterizas de bajo valor, comúnmente asociadas a las remesas enviadas por migrantes, han sido utilizadas para facilitar actividades ilícitas como financiamiento al terrorismo, tráfico de drogas —incluido fentanilo vinculado a cárteles mexicanos— y trata de personas. Por ello, la orden exige aplicar medidas de debida diligencia reforzada para mitigar estos riesgos.
El documento también instruye a los bancos a prestar especial atención a la concesión de hipotecas, préstamos automotrices, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo otorgados a personas consideradas “inadmisibles” o sujetas a deportación, señalando que estos prestatarios podrían perder ingresos si son removidos del país o si sus empleadores ajustan prácticas para cumplir con leyes migratorias.
Entre las señales de alerta que deberán vigilar las instituciones financieras se encuentran el uso de negocios de servicios monetarios no registrados, procesadores de pagos de terceros y plataformas P2P, especialmente cuando se utilicen para evadir reportes obligatorios de la Ley de Secreto Bancario.
La orden también anticipa una revisión de los requisitos de identificación, incluyendo el uso de tarjetas consulares extranjeras, y establece que en un plazo de 60 días los reguladores federales deberán emitir nuevas guías sobre la gestión de riesgos crediticios relacionados con población no autorizada a trabajar.