La clausura temporal total de dos desarrollos de lujo en los acantilados de Santa María Tonameca volvió a encender las alarmas sobre el avance descontrolado de inmobiliarias y constructoras que, bajo el amparo de inversiones millonarias, destruyen ecosistemas frágiles de la costa oaxaqueña.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que el pasado 23 de abril suspendió dos proyectos ubicados en playa Ventanilla y en el paraje El Torón, donde se edificaban complejos de villas de 1,320 m² y 1,100 m² respectivamente. Ambos se levantaban sobre acantilados costeros y zonas de selva baja caducifolia, áreas reconocidas por su alta fragilidad ambiental.
Durante la inspección, los desarrolladores no pudieron presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento indispensable para cualquier obra que altere ecosistemas costeros. La ausencia de este permiso no solo constituye una violación a la ley, sino que evidencia una práctica recurrente: construir primero, legalizar después, aun cuando el daño ya está hecho.
Profepa advirtió que las obras implicaban remoción de vegetación forestal, modificación de acantilados y afectación directa a hábitats esenciales para especies locales. Estos ecosistemas funcionan como barreras naturales contra la erosión y son clave para la estabilidad del litoral, pero suelen ser los primeros sacrificados ante el avance de proyectos turísticos de alto poder adquisitivo.
La dependencia colocó sellos de clausura total y detuvo toda actividad de maquinaria y personal. Además, inició procedimientos administrativos que podrían derivar en multas severas y en la obligación de restaurar el daño ambiental.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una denuncia constante de comunidades y ambientalistas: el crecimiento inmobiliario en la costa de Oaxaca avanza con frecuencia al margen de la ley, devastando territorios que deberían ser protegidos y priorizando intereses privados sobre el equilibrio ecológico.