La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional para poner fin a las llamadas “pensiones doradas” de ex servidores públicos, una medida que impacta directamente a organismos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras entidades del Estado mexicano.
Con 458 votos a favor, el pleno avaló modificaciones al artículo 127 de la Constitución, estableciendo que ninguna pensión del personal de confianza podrá superar el 50 por ciento del salario de la Presidencia de la República. Esto equivale a un tope aproximado de 67 mil pesos mensuales en 2026.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, busca frenar jubilaciones consideradas excesivas, algunas de las cuales alcanzaban montos de hasta un millón de pesos mensuales, especialmente en empresas públicas y organismos financieros del Estado.
No obstante, el dictamen ha generado un intenso debate entre las fuerzas políticas. Legisladores de oposición, principalmente de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, manifestaron su rechazo a la posible aplicación retroactiva de la reforma, al considerar que vulnera derechos adquiridos y la seguridad jurídica de miles de jubilados.
Por su parte, diputados de Morena y sus aliados defendieron la medida al argumentar que no afecta a todos los pensionados, sino únicamente a un grupo reducido que recibe beneficios desproporcionados, producto de decisiones discrecionales del pasado.
Durante la discusión, también se registraron protestas de extrabajadores, principalmente del sector eléctrico, quienes se manifestaron en las inmediaciones del recinto legislativo en rechazo a la reforma y advirtieron posibles afectaciones económicas.
El proyecto aún deberá ser discutido en lo particular y, posteriormente, enviado a los congresos estatales para su ratificación, en un proceso que podría definir el futuro del sistema de pensiones en el sector público mexicano.