El senador Antonino Morales Toledo anunció que la próxima semana presentará una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de armonizarla con los criterios emitidos recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los principios establecidos en la Constitución.
El legislador explicó que la propuesta busca eliminar los requisitos de plazos fijos para el otorgamiento de pensiones por fallecimiento en casos de concubinato, ya que actualmente se exige acreditar entre dos y cinco años de convivencia o la existencia de hijas o hijos en común. Señaló que esta condición ha dejado fuera a personas que, pese a mantener una relación estable y comprobable, no alcanzan el umbral cronológico previsto en la norma.
Morales Toledo detalló que la reforma se alinea con los cambios estructurales anticipados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de pensiones, entre ellos la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”, con el propósito de ordenar el sistema sin comprometer las finanzas del Instituto.
La iniciativa contempla modificar los artículos 41 y 131 de la Ley del ISSSTE. En el caso del artículo 41, se propone sustituir el criterio cuantitativo basado en el tiempo de convivencia por un criterio cualitativo que valore la existencia real del vínculo familiar, mediante pruebas que acrediten una comunidad de vida e interdependencia económica. Asimismo, se eliminaría la exigencia de un plazo mínimo rígido como condición automática para acceder a la pensión.
En cuanto al artículo 131, se plantea suprimir el requisito de dos años para recibir servicios de seguridad social en casos de concubinato y establecer que, ante controversias, el Instituto resuelva con base en la acreditación efectiva del vínculo, bajo los principios de legalidad, objetividad e igualdad.
El senador, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, subrayó que la seguridad social es una función esencial del Estado y que el fallecimiento de una persona trabajadora no solo implica una pérdida afectiva, sino también la posible desaparición de ingresos y cobertura médica para su familia. Por ello, afirmó que la reforma busca garantizar la protección amplia de la familia y el respeto a los derechos humanos, evitando medidas desproporcionadas que generen exclusión.