Puerto Escondido, Oax. — Habitantes, activistas y autoridades ambientales han levantado la voz ante la edificación de un complejo residencial en Punta Colorada y otras zonas de Puerto Escondido sin contar con la manifestación de impacto ambiental (MIA) y permisos adecuados, lo que podría afectar seriamente sus ecosistemas costeros.
El proyecto conocido como “Punta Colorada” fue detenido este año por un juez en respuesta a un amparo colectivo presentado por grupos como “Salvemos Puerto Escondido” y “Salvemos Colorada” en enero de 2024. La suspensión se emitió debido a que las obras, que se desarrollan en unas 111 hectáreas —última playa virgen del área—, no contaban ni con cambio de uso de suelo ni con MIA, lo que representa una violación directa a la normativa ambiental.
Otra denuncia reciente señala que en Punta Colorada, así como en desarrollos a lo largo de Zicatela, se han edificado múltiples departamentos, incluso complejos de hasta nueve edificios y albercas, sin autorización oficial. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó estos trabajos no autorizados y clausuró temporalmente la obra, la cual ya presentaba alrededor de un 7 % de avance.
Este fenómeno no es aislado. Puerto Escondido ha experimentado un crecimiento acelerado de desarrollos inmobiliarios turísticos sin planificación urbana ni evaluación ambiental rigurosa. Activistas advierten que esta expansión, sumada a la falta de drenaje adecuado y al creciente consumo de agua, está transformando las playas en zonas de preocupación ecológica.
En muchos casos, las construcciones violan acuerdos municipales de no exceder dos niveles para proteger olas de surf y ecosistemas costeros, lo que deriva en un proceso de gentrificación.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente exige estudios MIA para proyectos en humedales, manglares y zonas costeras, sin embargo, la carencia de ordenamientos regionales ha dificultado su aplicación.
Ante esta situación, vecinos y colectivos han iniciado acciones legales, manifestaciones y peticiones formales al Congreso y Profepa, demandando no solo la revocación de permisos ilegales, sino también la creación de instrumentos de ordenamiento territorial que regulen altura, densidad y capacidad ecológica del desarrollo urbano en Puerto Escondido.
Con informacióin de El Universal.