Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca establecer que las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios hagan trabajos en beneficio de la comunidad o del Estado como parte de su proceso de reinserción social. La propuesta fue impulsada por el diputado de Morena, Carmelo Cruz Mendoza, mediante reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 11, 91 y 92 de dicha legislación para que los internos tengan la obligación de desempeñar actividades autorizadas por el juez de ejecución de la pena, tomando en cuenta su perfil, grado de peligrosidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Además, establece que el trabajo penitenciario podrá entenderse como una actividad productiva legal realizada en favor de la comunidad o del Estado.
De acuerdo con el legislador, la medida busca aprovechar la mano de obra disponible en los centros penitenciarios y contribuir a la reinserción social de quienes han cometido delitos. El documento señala que actualmente son los ciudadanos quienes financian, mediante recursos públicos, la estancia de las personas privadas de su libertad, lo que representa un costo significativo para el Estado.
La propuesta recuerda que el modelo de reinserción social establecido en la Constitución se sustenta en cinco ejes fundamentales: trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte, herramientas orientadas a evitar la reincidencia y facilitar el retorno de los sentenciados a la vida en sociedad.
Asimismo, se señala que el gasto de manutención de una persona interna en penales estatales oscila entre 200 y 600 pesos diarios, mientras que en centros federales o de máxima seguridad puede superar los 3 mil y hasta 6 mil pesos por día, debido a los esquemas de seguridad y operación.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y eventual dictaminación, donde deberá ser discutida antes de continuar su proceso legislativo.