La comunidad indígena de San Juan Luvina, perteneciente al municipio de San Pablo Macuiltianguis, cumplió su tercer día de movilizaciones para exigir la instalación de una mesa de diálogo con capacidad de resolución que permita atender el conflicto relacionado con la entrega de recursos municipales correspondientes a los Ramos 28 y 33.
A través de un comunicado, las autoridades y habitantes de la comunidad denunciaron que más de 2.8 millones de pesos destinados a la agencia municipal fueron retenidos y reasignados de manera unilateral por el Ayuntamiento de San Pablo Macuiltianguis. Según la versión de la comunidad, la decisión se habría sustentado en una certificación municipal que consideran irregular y que permitió cancelar obras previamente autorizadas para la población.
De acuerdo con los inconformes, los recursos involucrados ascienden a 2 millones 273 mil 059.58 pesos del Fondo III y 548 mil 823.53 pesos del Fondo IV, presupuesto que afirman corresponde legítimamente a la agencia municipal con base en criterios poblacionales y resoluciones administrativas emitidas previamente a su favor.
La Asamblea Comunitaria manifestó que mantiene una postura de diálogo abierto y pacífico, pero insistió en que cualquier negociación debe desarrollarse en condiciones de igualdad, respeto y sin imposiciones. Asimismo, sostuvo que la administración directa de los recursos constituye un derecho respaldado por el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
En el documento, la comunidad también rechazó las interpretaciones realizadas por autoridades municipales sobre un reciente fallo judicial relacionado con un juicio de amparo. Los pobladores señalaron que el asunto continúa en revisión ante instancias federales y expresaron su confianza en que el caso pueda sentar un precedente sobre los derechos presupuestales de las comunidades indígenas.
Finalmente, San Juan Luvina hizo un llamado al Gobierno del Estado para que la mesa de trabajo convocada permita alcanzar acuerdos concretos que garanticen la entrega de los recursos y contribuyan a una solución definitiva del conflicto.