En los últimos dos años, 21 presidentes municipales en funciones han sido acusados de presuntos vínculos con el crimen organizado en México, de acuerdo con una revisión realizada por La Silla Rota. En total, 25 ediles han sido detenidos en este periodo, aunque cuatro de ellos por delitos del fuero común como corrupción, desaparición forzada, desvío de recursos o violación; el resto enfrenta señalamientos relacionados con cárteles del narcotráfico.
El caso más reciente que detonó la atención nacional ocurrió el 23 de septiembre, cuando fuerzas federales detuvieron al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano “Quetú”, acusado de mantener presuntos nexos con “Los Cromos”, célula criminal que opera como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec. A esta organización se le atribuye cerca del 70% de los 957 homicidios dolosos registrados en la región desde 2022.
La detención de Sánchez Altamirano se dio en medio de un clima de violencia y presuntos intentos de rescate por parte de policías municipales. Tras su captura, el Congreso de Oaxaca decretó la desaparición de poderes en Juchitán y nombró a un comisionado municipal. En los días siguientes también fueron detenidos un excomisionado de la Policía Municipal y un segundo implicado conocido como “La Parka”, mientras que el suplente del edil, Mariano Rosado, se dio a la fuga.
Aunque el caso de Juchitán acaparó los reflectores, no es un hecho aislado. Las detenciones de alcaldes por presuntos nexos con grupos criminales se han registrado en entidades como Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, donde investigaciones federales han revelado esquemas de extorsión, cobro de piso, protección institucional, financiamiento ilícito de campañas y participación directa en estructuras delictivas.
Especialistas consultados por La Silla Rota advierten que los cárteles no solo influyen en la operación de los gobiernos locales, sino también en quién llega al poder municipal, aprovechando la debilidad institucional y la falta de controles efectivos.
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