Ciudad de México.— En la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó este jueves el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, una nueva estrategia enfocada en fortalecer las acciones para enfrentar este delito que —reconoció— preocupa a la población y a los sectores productivos del país.
Durante el evento, realizado en Palacio Nacional y encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch calificó el acuerdo como “un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales”. El objetivo central del acuerdo es armonizar la legislación estatal con el marco nacional, crear y fortalecer áreas especializadas en fiscalías y mejorar los mecanismos de denuncia e investigación.
El plan contempla la armonización legislativa en todas las entidades federativas, la creación o consolidación de unidades especializadas en las fiscalías, y el fortalecimiento de la operación de la línea de denuncia 089, así como la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución del delito en todo el país.
García Harfuch destacó que desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas de denuncia y se han detenido a más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República, lo que —señaló— demuestra el compromiso de las autoridades para atender esta problemática.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum enfatizó que la nueva legislación ahora permite que la extorsión sea perseguida de oficio, sin que la denuncia dependa únicamente de la víctima, lo que fortalece la intervención de la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales. Además, se impulsa la coordinación entre los tres niveles de gobierno para que todas las entidades actúen bajo criterios uniformes y con herramientas equivalentes.
Autoridades coincidieron en que la consolidación de este acuerdo es un paso importante para ofrecer mayor certidumbre a las víctimas, homologar la atención, y avanzar en la reducción de la incidencia de un delito que afecta la percepción de seguridad en el país.