Ciudad de México, Méx. — La diputada federal Blanca Leticia Gutiérrez Garza, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una propuesta para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de tipificar y sancionar la violencia vicaria, una forma grave de violencia de género en la que los hijos o hijas de una madre son utilizados como herramientas para dañarla emocional o psicológicamente.
La iniciativa busca adicionar un segundo párrafo al artículo 343 Ter del Código Penal Federal, estableciendo que quienes ejerzan violencia contra la madre a través de sus hijos o hijas—ya sea de manera directa o mediante terceros—serán sancionados con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión. El objetivo, subraya la legisladora, es garantizar que el Estado reconozca esta forma extrema de abuso y proteja efectivamente a las víctimas.
En la exposición de motivos de la reforma, Gutiérrez destaca que la violencia de género continúa siendo un desafío persistente en las democracias modernas. Además, enfatiza que la violencia vicaria es particularmente perniciosa porque instrumentaliza a las hijas y los hijos de las mujeres para infligirles sufrimiento.
Hasta ahora, solo seis entidades federativas habían reconocido la violencia vicaria en sus legislaciones locales: Puebla, Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo, lo que demuestra una disparidad significativa en la protección legal contra este tipo de violencia en el país.
Las cifras de violencia reflejan la urgencia de romper estas brechas. En 2021 se documentaron 2 865 casos de mujeres víctimas de violencia, cifra que para 2022 se disparó a 7 670, lo que representa un aumento del 167 por ciento.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictamen. En caso de aprobarse, la reforma generaría un marco legal más sólido a nivel federal que contribuiría a cerrar la brecha y homologar sanciones por violencia vicaria en todo el país.
Esta propuesta fortalece la visibilización de la violencia vicaria como un grave delito de género y busca desincentivar conductas donde los menores sean utilizados como herramienta de abuso, además de ampliar el alcance de protección hacia mujeres y sus familias. El reconocimiento formal de este delito en el Código Penal Federal también podría abrir camino a políticas públicas más efectivas y estandarizadas para su prevención y atención.