El senador Antonino Morales presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de regular de manera más estricta el funcionamiento de los centros de tratamiento de adicciones privados en el país y establecer sanciones penales de hasta 15 años de prisión para quienes operen sin autorización o pongan en riesgo la vida, la integridad o la libertad de las personas internadas.
El legislador, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que la propuesta busca frenar prácticas documentadas por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, relacionadas con internamientos forzados, presencia de menores de edad y actos que pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La iniciativa contempla que las penas aumenten hasta en una mitad cuando se ejerza violencia física o psicológica, así como en casos donde las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. Además de las sanciones penales, se prevén medidas administrativas como clausura temporal o definitiva —parcial o total— y multas superiores a los 700 mil pesos.
Morales explicó que actualmente no existen sanciones penales específicas para castigar estos abusos, lo que ha generado un vacío que propicia impunidad. Por ello, la reforma obligaría a la autoridad sanitaria a realizar supervisiones periódicas e implementar mecanismos de protección de derechos humanos. También se prohibirían esquemas de aislamiento, incomunicación o retención injustificada, estableciendo que el internamiento sea estrictamente voluntario, con consentimiento libre e informado y por el tiempo necesario.
Asimismo, los centros deberán cumplir con estándares mínimos de infraestructura, contar con personal profesional calificado y aplicar protocolos basados en evidencia científica.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, existen 248 establecimientos residenciales registrados en su directorio nacional; sin embargo, un número considerable opera de manera irregular, dificultando su supervisión.
Informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizados en entidades como Morelos, Nayarit y Oaxaca, han documentado deficiencias graves en regulación y supervisión, modelos de atención inadecuados y casos de privación de la libertad sin control judicial.
Con esta propuesta, el senador afirmó que se busca atender una problemática estructural que por años ha afectado a miles de personas, armonizando la política de salud pública con los estándares constitucionales e internacionales, y consolidando un modelo que privilegie la dignidad humana y la protección efectiva de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.