Ciudad de México. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad desechar el amparo promovido por Grupo Elektra, perteneciente al conglomerado del empresario Ricardo Salinas Pliego, lo que deja firme un crédito fiscal de 33 306 millones 476 mil 349 pesos a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El adeudo corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR) pendiente de pago, así como multas, recargos y actualizaciones, por ejercicios fiscales anteriores.
Adicionalmente, la decisión incluyó la validación de la participación de la ministra Lenia Batres Guadarrama en la votación, luego de que se debatiera si existía impedimento objetivo para su participación y se concluyera que no había elementos para negarle el voto.
Respuesta de Grupo Salinas
Tras el fallo, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que calificó el veredicto como parte de una “campaña sistemática” del gobierno federal contra el conglomerado, acusando a la SCJN de actuar “doblegada al poder político” y anunciando que consideran acudir a instancias internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
El comunicado también advirtió que “en los próximos días se consumará el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México” si se permite que decisiones como esta queden sin posibilidad de impugnación.
Implicaciones del fallo
La resolución marca un hito en el litigio fiscal de Grupo Salinas, al poner en firme uno de los mayores créditos fiscales que enfrenta. También refuerza la postura del SAT y del sistema judicial para recuperar adeudos relevantes de grandes corporaciones.
Para Grupo Salinas representa un reto significativo, tanto en términos económicos como de reputación, ya que el comunicado evidencia un tono de confrontación frente al Estado.
El futuro del caso podrá incluir recursos ante tribunales internacionales y posiblemente nuevas estrategias de defensa legal por parte del conglomerado.
Este proceso deja una señal clara para el sector empresarial mexicano: los créditos fiscales firmados pueden convertirse en exigencias ejecutables si los recursos de amparo se desechan.
Así, el pulso entre el aparato fiscal, el sistema judicial y grandes grupos empresariales entra en una nueva fase de visibilidad pública, con efectos en la confianza de inversionistas, en la percepción de certidumbre jurídica y en las dinámicas de responsabilidad fiscal.