Un reciente informe dado a conocer por autoridades de Oaxaca revela que, en el transcurso de un año, 182 personas originarias del estado murieron en su calidad de migrantes, ya fuera en el extranjero o dentro del territorio nacional.
Según el reporte, los cuerpos han sido repatriados a distintas regiones de Oaxaca. De ellos, 46 fueron enviados a la Mixteca, 50 a los Valles Centrales, 25 a la Costa, además de distribuciones hacia el Istmo, la Cuenca del Papaloapan, la Sierra Sur, la Sierra de Juárez y la Sierra de Flores Magón.
El traslado de los restos mortales se gestionó a través del programa de apoyo jurídico y administrativo destinado a migrantes y sus familias, que fue reinstalado para atender a quienes pierden la vida lejos de su hogar. El objetivo: que puedan ser sepultados en sus comunidades de origen, “preservando sus raíces y la unión familiar”.
La dependencia responsable advirtió que este fenómeno no es aislado: la migración, ya sea interna o internacional, sigue siendo una realidad fuertemente impulsada por la falta de oportunidades económicas o educativas en muchas regiones de Oaxaca.
Para poner en contexto, hace unos años se documentó que del 2015 al 2020 salieron del estado 34 644 oaxaqueños; de ellos, 93% migraron a Estados Unidos.
En ese periodo, se estima que decenas perdieron la vida en el camino. Por ejemplo, en solo cinco años —2015 a 2020—, fueron reportados 70 migrantes muertos al intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos, según datos del ente local de atención al migrante.
Expertos advierten que estas cifras podrían ser apenas la punta del iceberg: muchas muertes podrían quedar sin registrar, especialmente cuando ocurren en zonas remotas, por causas naturales, accidentes, violencia o condiciones extremas durante el tránsito migratorio.
La tragedia de estos 182 oaxaqueños evidencia la urgencia de políticas públicas —tanto de origen como de destino— que garanticen seguridad, derechos humanos, opciones de empleo y alternativas dignas para quienes se ven obligados a migrar. Asimismo, pone en relieve la necesidad de un mecanismo efectivo de registro y acompañamiento a las familias que pierden a sus seres queridos lejos de casa.