Santa María Ipalapa, Oaxaca. — La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención del presidente municipal de Santa María Ipalapa, identificado como Emanuel P. P., por su presunta participación en el homicidio del exedil de ese mismo municipio ocurrido en mayo de 2025. La captura se llevó a cabo este lunes como resultado de un operativo coordinado con el Gabinete de Seguridad estatal y fuerzas federales.
Además del edil, las autoridades detuvieron a la síndica municipal, Raquel C. G., y a dos elementos de la Policía Municipal, quienes también están señalados por su posible implicación en los hechos. Todos fueron trasladados a Oaxaca de Juárez para ser puestos a disposición de un juez de control que definirá su situación jurídica.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se remontan al 11 de mayo de 2025, cuando el exalcalde Gerardo Santos López, quien había gobernado Santa María Ipalapa entre 2014 y 2016 y buscaba regresar al cargo como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), circulaba acompañado de otras personas sobre la calle Alfonso Caso. Elementos de la policía municipal le marcaron el alto, pero al detenerse el vehículo, se le informó que actuaban por instrucciones del presidente municipal y de la síndica para detenerlo. Posteriormente, uno de los oficiales presuntamente accionó su arma de fuego contra la víctima, provocándole lesiones que derivaron en su muerte en el lugar.
La Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente e integró datos de prueba que permitieron solicitar y obtener las órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas este lunes. Autoridades señalaron que las indagatorias apuntan a la probable responsabilidad de los detenidos, aunque será el órgano jurisdiccional el encargado de determinar su situación legal dentro del proceso penal.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, destacó que la ley se aplicará sin excepciones, “independientemente del cargo público o filiación partidista”, y aseguró que se garantizará el respeto al debido proceso y la transparencia en cada etapa de los procedimientos.
Este caso ha generado una intensa atención en la región de la Sierra Sur, donde la violencia y los señalamientos contra autoridades han sido motivo de preocupación para habitantes y actores políticos locales.