Oaxaca, México.– Reynalda, una mujer indígena de 50 años originaria de la Sierra Mixe, fue desalojada de su vivienda y despojada de sus tierras de cultivo tras la muerte de su esposo, debido a que no tuvo hijos. La decisión fue respaldada por las autoridades comunales de San Sebastián, quienes argumentaron que, al no haber descendencia, ella no tenía derecho a permanecer en la comunidad ni a conservar los bienes compartidos con su esposo.
El desalojo ocurrió en diciembre de 2024, pocos días después del fallecimiento del hombre. De acuerdo con la organización Aser-Litigio, que asumió su defensa legal, a Reynalda no se le permitió recuperar sus pertenencias, ni se le ofreció el derecho a una audiencia. La comunidad justificó el despojo con base en usos y costumbres, asentando en un acta comunal que, por no tener hijos, ella debía abandonar la propiedad y el terreno de cultivo de café.
La situación se agravó cuando la Fiscalía General del Estado de Oaxaca emitió medidas de protección no para Reynalda, sino para sus suegros, prohibiéndole a ella acercarse al domicilio conyugal, a pesar de no existir una denuncia penal en su contra. Además, el Ministerio Público de Zacatepec‑Mixe avaló la decisión comunal, aunque no existe ninguna carpeta de investigación formal sobre el caso.
En junio de 2025, el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Oaxaca concedió una suspensión de plano a favor de Reynalda, con el fin de garantizar su integridad y el respeto a sus derechos humanos, violentados por el despojo y la falta de garantías legales.
El caso evidencia una forma grave de violencia patrimonial y de género que afecta a mujeres en comunidades indígenas, donde persisten criterios excluyentes basados en el estado civil y la maternidad. Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado la urgencia de garantizar el acceso a la justicia para mujeres en contextos comunitarios, donde aún prevalecen prácticas discriminatorias contrarias a la Constitución y a tratados internacionales.