Los incendios forestales que se han registrado en los últimos tres meses en el estado de Oaxaca han provocado la devastación de más de 10 300 hectáreas de bosques y vegetación arbustiva, según reportes de las autoridades estatales.
De acuerdo con la información oficial, durante este período se contabilizaron 68 incendios, de los cuales 66 ya fueron liquidados; sin embargo, la afectación total supera las 10 300 hectáreas, sin incluir las más de 800 hectáreas dañadas por quemas de pastizales que han tenido un repunte en lo que va de la temporada.
Actualmente permanecen activos al menos dos frentes de fuego en zonas de disputas agrarias de la Sierra Sur. En la comunidad de Santa María Zaina, uno de los incendios consume alrededor de 120 hectáreas de la reserva forestal del paraje conocido como «La Cenicera». En tanto, en el cerro «Las Petacas», cercano a Santiago Niltepec, otro frente afecta más de 60 hectáreas, y las brigadas forestales enfrentan dificultades para ingresar debido a la presencia de grupos armados que generan hostilidad para las labores de extinción.
Para atender la contingencia, la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) y otras instancias han desplegado estrategias de combate, contando con apoyo aéreo incluido un helicóptero bomba Bell-407 de alta tecnología y dos helicópteros más proporcionados por la Secretaría de Marina. Estas aeronaves no solo ayudan a combatir incendios, sino que también pueden atender emergencias acuáticas, terrestres y desastres naturales, gracias a su equipo de reacción inmediata para monitoreo y evacuación de pacientes.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, destacó que con la adquisición de aeronaves propias la entidad se convierte en la segunda en el país en contar con un equipo multidisciplinario equipado para enfrentar contingencias relacionadas con el cambio climático, un factor que ha incrementado la severidad y frecuencia de los incendios forestales.
Este panorama refleja la urgencia de fortalecer las acciones de prevención, combate y restauración ecológica, así como de promover prácticas responsables que reduzcan el riesgo de incendios, especialmente en zonas rurales y forestales del estado.