La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió diversas irregularidades en el manejo de las participaciones federales destinadas a los municipios de Oaxaca durante 2025, señalando fallas de control, retrasos en pagos, recursos retenidos temporalmente y afectaciones a fondos municipales por adeudos fiscales. Las observaciones recaen en la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2022.
Con información de Nacionales.
La revisión abarcó 8 mil 830 millones 223 mil 264.49 pesos, equivalentes al 100% de las participaciones federales transferidas al estado. Aunque en 16 de los 20 resultados no se detectaron irregularidades y cuatro fueron solventados, la ASF documentó que la Secretaría de Finanzas estatal operó con controles insuficientes en áreas sensibles del manejo del dinero público.
Uno de los hallazgos más relevantes fue el retraso en la entrega de participaciones provenientes de fondos como el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, IEPS, ISR, FOCO ISAN, entre otros. Estos retrasos generaron rendimientos financieros por 150 mil 971.82 pesos, que no habían sido entregados a los municipios al momento de la auditoría. Tras ajustes, el monto pendiente ascendió a 311 mil 329.11 pesos, de los cuales aún faltan 15 mil 179.99 pesos por transferir a tres municipios: Santa María Quiegolani, Santiago Xiacuí y San Martín Itunyoso.
La ASF también detectó descuentos por 102 millones 978 mil 766.90 pesos aplicados a recursos municipales para cubrir adeudos fiscales y ajustes del FEIEF, afectando a 11 municipios, entre ellos Acatlán de Pérez Figueroa, Loma Bonita, Santa Cruz Xoxocotlán, Salina Cruz, Oaxaca de Juárez y Ejutla de Crespo.
Otra observación relevante fue la falta de convenios formales en anticipos de participaciones otorgados a Loma Bonita y San Francisco Ixhuatán, por un total de 6 millones de pesos, lo que debilita los controles administrativos y financieros.
Además, se identificaron recursos inmovilizados en cuentas de controversias y fideicomisos por más de 3.3 millones de pesos, pendientes de resolución jurídica.
La ASF concluyó que persisten fallas administrativas y deficiencias en transparencia que deben ser corregidas para garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos.