Doce colectivos integrados por familias de personas desaparecidas en Oaxaca exigieron la destitución inmediata de la comisionada estatal de búsqueda, Michel Julián López, al acusarla de omisiones graves, falta de transparencia y deficiencias en los procesos de búsqueda y atención a víctimas. La funcionaria asumió el cargo el 10 de enero de 2024, tras la renuncia de la primera comisionada, Edilberta Cruz Regino.
En un documento entregado al gobernador Salomón Jara Cruz, los colectivos —agrupados como Colectivos y Organizaciones Unidas de Oaxaca— denunciaron que la comisionada ha actuado de manera unilateral, privilegiando a un solo colectivo y discriminando a los demás, cuyos integrantes buscan a familiares desaparecidos desde hace más de diez años o en casos recientes.
Las organizaciones señalaron que la Comisión Estatal de Búsqueda mantuvo durante más de 500 días en revisión un documento sin aprobarlo ni rechazarlo, pese a que la ley exige una resolución fundada. Además, recordaron que el Juzgado Quinto de Distrito resolvió en febrero de 2025 que la Comisión fue omisa en crear el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, ordenando su implementación en un plazo de 90 días.
También denunciaron que la comisionada no respondió a un cuestionario de más de cien preguntas sobre el ejercicio 2025, solicitado por consejeros ciudadanos, entre ellas el desglose del fondo previsto en la Ley en Materia de Desaparición de Personas. Ante la falta de diálogo, los colectivos realizaron protestas el 10 de mayo de 2026 frente al Palacio de Gobierno.
Las organizaciones advirtieron que las irregularidades documentadas podrían derivar en responsabilidad administrativa y penal, y recalcaron que la opacidad ha fracturado la relación institucional. Según los colectivos, en Oaxaca desaparecen seis personas cada 24 horas, y estiman más de 4 mil personas ausentes, cifras que difieren de los registros oficiales.