Con el objetivo de fortalecer los derechos de las y los usuarios de servicios financieros, el senador Antonino Morales Toledo presentará una iniciativa de reforma a la Ley sobre el Contrato de Seguro y a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con el fin de garantizar que la cancelación de seguros pueda realizarse en cualquier momento, de manera sencilla, gratuita y sin penalizaciones.
La propuesta busca reconocer de forma explícita el derecho de las personas a dar por terminado su contrato de seguro sin enfrentar cargos adicionales injustificados. Entre los puntos clave de la iniciativa destaca la obligación de las aseguradoras de devolver la parte proporcional de la prima no devengada, es decir, el monto correspondiente al periodo en el que el servicio ya no será utilizado.
El legislador explicó que esta reforma pretende evitar prácticas que actualmente generan barreras administrativas o costos excesivos al momento de cancelar pólizas, afectando a las y los consumidores. Asimismo, se plantea que la cancelación pueda realizarse a través de los mismos medios en los que se contrató el servicio, ya sea de forma presencial, telefónica o digital, sin requisitos adicionales.
Otro de los aspectos relevantes es que la renovación automática de los contratos no podrá exceder un año, y el usuario podrá terminarlos en cualquier momento, cubriendo únicamente la parte proporcional del tiempo en que el seguro estuvo vigente. Quedaría prohibido el cobro de penalizaciones, comisiones o cualquier otro cargo distinto a este concepto.
Además, las aseguradoras deberán realizar la devolución correspondiente en un plazo no mayor a diez días hábiles tras la cancelación. El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme a la ley.
El senador subrayó que esta iniciativa busca reducir desigualdades entre usuarios y empresas, además de fortalecer la confianza en el sistema financiero mexicano, alineándose con estándares internacionales y criterios establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.