Ciudad de México, Méx. —El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa legislativa con el objetivo de proteger económicamente a las personas adultas mayores ante el uso indebido de sus recursos, especialmente aquellos provenientes de la Pensión del Bienestar. La propuesta, promovida por la diputada Azucena Huerta Romero, plantea tipificar como delito la “explotación financiera de adultos mayores” en el Código Penal Federal y aumentar las sanciones para quienes, sin consentimiento, se apropien o gasten los recursos de una persona mayor de 65 años.
De aprobarse, la reforma incluiría un nuevo capítulo denominado “Explotación Financiera de Adultos Mayores” con un artículo específico (390 Ter), que impondría penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de 200 a 500 días de salario mínimo a quienes cometan este delito. La iniciativa también contempla que la pena se eleve hasta en la mitad cuando la víctima tenga alguna discapacidad o condición que limite su capacidad de comprensión o resistencia. Asimismo, este delito se perseguiría de oficio, lo que significa que no se requeriría una denuncia formal para iniciar investigaciones.
Además de la modificación al Código Penal, la propuesta adiciona un capítulo en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para establecer obligaciones para las instituciones financieras públicas y privadas. Estas entidades tendrían que simplificar trámites para el cobro de pensiones, implementar mecanismos de detección de transacciones inusuales y notificar a la Fiscalía General de la República sobre posibles casos de explotación financiera, cuidando en todo momento la protección de datos de las personas mayores.
Los impulsores de la iniciativa argumentan que la figura penal más cercana actualmente, el abuso de confianza, resulta insuficiente para enfrentar este tipo de delitos, ya que depende de una querella y rara vez se aplica exitosamente. Señalan también que muchas personas mayores enfrentan barreras para denunciar a familiares o cuidadores que abusan de su confianza, ante el temor de represalias, abandono o violencia física. Por ello, consideran necesario cerrar esta brecha legal y brindar una protección más efectiva a este sector vulnerable de la población.
