La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo del 27 al 31 de octubre un operativo simultáneo de inspección en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en los ecosistemas costeros de 14 entidades federativas del país, con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar actividades ilegales que afectan manglares, humedales, dunas y zonas federales marítimo–terrestres (Zofemat).
Durante este operativo se realizaron 50 visitas de inspección, de las cuales 37 correspondieron a obras y actividades en ecosistemas costeros y 13 a ocupaciones en la Zofemat. Como resultado, la Profepa impuso 31 clausuras totales o parciales temporales a proyectos inmobiliarios, obras o actividades que carecían de la autorización ambiental correspondiente emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La inspección se desplegó en 14 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Entre los casos más destacados:
- En Baja California, se clausuró un predio en Ensenada por la apertura de un camino hacia un proyecto de aprovechamiento de materiales pétreos que afectó más de una hectárea de matorral rosetófilo.
- En Baja California Sur, fueron clausurados tres predios en el municipio de La Paz por cambio de uso de suelo sin la autorización correspondiente.
- En Campeche, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, tres obras fueron clausuradas por relleno de manglar y construcción en terrenos ganados al mar.
- En Guerrero, en el Parque Nacional El Veladero, se retiraron diez estructuras habitacionales ilegales y se clausuró un predio en la orilla del río Feliciano por realizar actividades sin autorización ambiental.
- En Michoacán, se realizaron 13 inspecciones en playas como Tortuga, Carrizalillo, Eréndira y Azul, y se clausuraron siete obras por construcciones y rellenos en ecosistemas costeros sin autorización.
- En Oaxaca, cinco inspecciones en los municipios de Santa María Huatulco y San Pedro Pochutla derivaron en tres clausuras totales o parciales para desarrollos turísticos por afectación a selva baja caducifolia y vegetación costera.
- En Yucatán, se realizaron seis inspecciones en Chicxulub Puerto, Progreso y San Crisanto, con la aplicación de cinco clausuras a proyectos inmobiliarios que afectaban dunas y matorrales costeros dentro y fuera del Área Natural Protegida Ría Celestún.
- En Veracruz, se impuso clausura total temporal a un restaurante ubicado en Mandinga, municipio de Alvarado, por realizar obras en litoral costero con presencia de manglar y humedal sin la autorización de la Semarnat.
La Profepa subrayó que los ecosistemas costeros son esenciales para la protección de las costas, la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad, así como para la provisión de recursos como agua, materia prima y hábitats para la pesca. Además, cumplen una función clave en el almacenamiento de carbono y la mitigación de fenómenos extremos.
Con estas acciones la Profepa refuerza su estrategia de vigilancia ambiental activa, enfocada en garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental federal, frenar la degradación de manglares, humedales, selvas y dunas, y asegurar el uso sustentable de los recursos naturales. “Continuaremos trabajando para vigilar y proteger los ecosistemas costeros y toda la vida que hay en ellos, así como para asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental”, señaló la titular de la Procuraduría, Mariana Boy Tamborrel.
Este operativo evidencia un esfuerzo coordinado entre la Profepa, las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para atender de manera puntual las ocupaciones ilegales y cambios de uso de suelo en los litorales del país. La vigilancia, inspección y sanción de irregularidades forman parte de la estrategia para preservar los ecosistemas costeros, conscientes de su valor ambiental, social y económico.
La combatividad frente al deterioro ambiental en zonas costeras se convierte en un elemento clave de protección para las comunidades que dependen de estos entornos, así como para el cumplimiento de los compromisos de conservación del país y la resiliencia ante los efectos del cambio climático.
