Mexicali, Baja California, Mex. — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente un fortalecimiento al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), elevando su monto de 12,500 a 13,500 millones de pesos para el año 2026.
Durante su gira por Mexicali, Baja California, la mandataria subrayó que este fondo adquiere ahora carácter constitucional y será asignado con mayor autonomía: los recursos serán decididos directamente por las comunidades beneficiarias, a través de sus propias asambleas.
Asimismo, Sheinbaum presentó la expansión de los Programas de Bienestar en Baja California, con más de 864,000 beneficiarios involucrados.
Con esta reforma, el FAISPIAM deja de depender únicamente de mecanismos centralizados para convertirse en un instrumento más cercano a las comunidades. Las decisiones sobre cómo invertir los fondos corresponderán directamente a las asambleas indígenas y afromexicanas, en apego a sus usos y costumbres. El cambio también responde a la inclusión de este fondo como presupuesto con carácter constitucional, lo que eleva su estatus dentro del marco fiscal nacional.
Inversiones históricas y distribución directa
Sheinbaum remarcó que 13,000 millones de pesos se entregarán de forma directa este año a los pueblos indígenas y afromexicanos, para programas sociales y obras de infraestructura. Destacó que pocas naciones implementan una modalidad similar de distribución presupuestal.
Durante una asamblea comunitaria en San Pablo del Monte, Tlaxcala, se entregaron tarjetas con recursos para 38 comunidades indígenas, por un monto de cerca de 39 millones de pesos.
La nueva modalidad implica que las comunidades encargadas del uso de los recursos deberán asumir responsabilidades adicionales, en términos de transparencia, rendición de cuentas y gestión local.
Aunque el anuncio generó expectativas positivas, algunos analistas y organizaciones sociales han advertido que el éxito dependerá de que los recursos lleguen efectivamente a las zonas más alejadas y que las comunidades tengan la capacidad técnica y administrativa para utilizarlos.
De cualquier manera, el anuncio representa un paso simbólico importante en el reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas a decidir sobre su propio desarrollo, y es parte de una estrategia más amplia de políticas sociales con enfoque territorial en esta administración.