La llegada de la plataforma digital Uber a la ciudad de Oaxaca ha generado un nuevo debate sobre la regulación del transporte mediante aplicaciones móviles, luego de que la empresa anunciara el inicio de operaciones y habilitara la solicitud de viajes a través de su aplicación, mientras que el Gobierno del Estado sostiene que dicho servicio no cuenta con autorización para operar bajo las condiciones actuales.
Durante las primeras semanas de octubre, la compañía inició una campaña para reclutar conductores en Oaxaca y promover el registro de socios a través de la aplicación Uber Driver. Como parte de esta estrategia, ofreció incentivos económicos para quienes completaran sus primeros viajes y difundió mensajes en los que presentó su servicio como una nueva alternativa de movilidad para habitantes y visitantes.
Posteriormente, el 19 de octubre, usuarios comenzaron a recibir notificaciones sobre la disponibilidad de viajes mediante la modalidad UberX en Oaxaca de Juárez. La aplicación ya permitía consultar rutas, tiempos estimados y tarifas para distintos trayectos dentro de la capital del estado.
Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de Oaxaca (Semovi) fijó una postura clara frente al anuncio. La dependencia señaló que la prestación del servicio de transporte de personas mediante vehículos particulares no cuenta con autorización estatal y recordó que la legislación vigente establece que el transporte público de pasajeros requiere concesiones y permisos específicos para operar legalmente.
Además, Semovi advirtió que ofrecer transporte público sin la autorización correspondiente podría derivar en sanciones de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a poco más de 58 mil pesos. La dependencia reiteró que las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca continúan vigentes y deben ser observadas por cualquier prestador de este tipo de servicios.
Por su parte, Uber ha mantenido su estrategia de expansión en la entidad. La empresa sostiene que busca ofrecer nuevas opciones de movilidad y alternativas de generación de ingresos para conductores, aunque hasta el momento no ha detallado públicamente los mecanismos jurídicos bajo los cuales pretende operar en Oaxaca ni ha informado sobre acuerdos con las autoridades estatales.
La llegada de la plataforma también ha generado inquietud entre concesionarios de taxis y organizaciones transportistas, quienes observan con atención el desarrollo del conflicto regulatorio. Incluso, en redes sociales han circulado mensajes relacionados con posibles acciones de vigilancia por parte de integrantes del gremio para detectar vehículos que ofrezcan el servicio mediante aplicaciones.
Mientras Uber mantiene activa su plataforma para solicitar viajes en Oaxaca, el Gobierno del Estado insiste en que la modalidad de transporte mediante vehículos particulares carece actualmente de autorización. En este contexto, el futuro de la aplicación en la entidad dependerá de las definiciones legales, regulatorias y administrativas que se adopten en las próximas semanas.